La Federación de Mujeres Progresistas ha
lanzado la campaña «Cortando con la violencia sexual» dirigida a los
jóvenes para responsabilizarles de estas conductas que en ocasiones «son
minimizadas o justificadas». La iniciativa incluye un vídeo en el que
en poco más de un minuto se ha querido reflejar «de manera impactante y
sin personas» las acciones más comunes catalogadas como violencia sexual y los espacios donde frecuentemente se cometen estos abusos y agresiones.
En
el spot principal se reflejan sin eufemismos los abusos que sufren
muchas mujeres, a través de acciones protagonizadas por hombres. «No
ligaron, acosaron a un grupo de chicas en este concierto. No la besó, la forzó en este coche. No la acarició, manoseó a una compañera en esta clase. No se arrimó, abusó de una chica en este metro», son algunas de las acciones que se señalan en el video, en el que no sale ninguna víctimas, únicamente espacios.
«Si has hecho algo de esto, has cometido violencia sexual. Y no te confundas. El único responsable eres tú», es el mensaje final de la pieza audiovisual incluida en esta campaña que ha sido financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Ni víctimas ni mensajes culpabilizadores
Desde
la Federación de Mujeres Progresistas, han defendido la decisión de no
mostrar a ninguna víctima, ni repetir mensajes culpabilizadores «a los
que la sociedad las tiene acostumbradas». Por el contrario, han querido
dirigirse solamente a ellos como «los únicos responsables de esas
conductas».
«Hemos nombrado lo innombrable, de manera contundente y sin fisuras, con las palabras correctas. La violencia sexual es abusar, forzar, manosear, acosar, violar», ha expuesto la presidenta de la federación, Yolanda Besteiro,
durante la presentación de la campaña. «Queremos decirle a los chicos
que ya no hay excusa, que tienen alternativas, y que si agreden serán
señalados», ha sentenciado.
El proyecto ha contado con la
participación de jóvenes de tres centros educativos de Madrid y
Salamanca en la fase de discusión y debate para identificar los aspectos
clave a incluir en la campaña. La responsable de «Cortando con la
violencia sexual», Yolanda Mateo, ha explicado que esto ha permitido hacer una campaña más «creíble y potente».
Le entregó su hija de 10 años a un hombre de 60 por 30.000 pesos": el drama de los matrimonios infantiles en América Latina
Fin de las recomendaciones
"No"
"¿Y tu mamá dónde está?"
"En su casa"
"¿Vives acá?"
"Sí"
"¿Con el señor?"
"Sí"
Tristeza
Elsa recuerda que la niña era morenita y que sus ojos eran grandes y oscuros.
"Pero lo que más recuerdo", me cuenta, "es que en su mirada había mucha tristeza".
Derechos de autor de la imagenGetty ImagesImage caption
Algunas comunidades indígenas en México presentan
altas tasas de mujeres que se casan o se unen antes de los 18 años.
Elsa fue en varias oportunidades a la tienda, que
estaba ubicada en una zona apartada de Chiapas, en el sur de México. A
veces se acercaba y otras veces no.
No quería despertar la sospecha del propietario y mucho menos provocar que la niña le contase que una señora le había estado haciendo preguntas.
"Tuve que ser muy sutil para irme ganando su confianza".
"Los vecinos fueron quienes me llamaron. Me contaron lo que estaba pasando y me pidieron que hiciera algo", indica.
Elsa
Simón es la fundadora y directora de la asociación civil Por la
Superación de la Mujer, que por 21 años ha ayudado a niños y mujeres
víctimas de violencia familiar en Chiapas.
La investigación
"Cuando veían que el hombre se iba al mercado, me avisaban y me acercaba", me cuenta.
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La asociación civil Por la Superación de la Mujer
lleva más de 20 años ayudando a niños y mujeres víctimas de violencia
familiar en Chiapas.
"Empecé a hacer averiguaciones y le avisé a uno de
los fiscales de la zona para que también investigara. Me tomó dos meses
recopilar la información".
La verdad que develaron fue escalofriante. "Una mujer le entregó su hija de 10 años al hombre de 60 años", dice Elsa.
"Ese
hombre era el dueño de la tienda y le había dado a la mujer 30.000
pesos (unos US$1.600) por la niña. Su madre se la había llevado y la
había dejado allá".
"La niña no entendía lo que estaba pasando. Lo único que decía era que no le gustaba que el señor la llevara a dormir a su cama", recuerda Elsa.
"Y me decía que quería estar con su mamá".
El rescate
Tras la investigación de las autoridades, el fiscal y su equipo rescataron a la niña.
"Danos a la niña porque sabemos que no es tu hija", recuerda Elsa que le dijo el fiscal al hombre.
Pero él aseguraba que sí era. El fiscal lo confrontó: "No es tu hija".
"¿Ese señor es tu papá?", le preguntó el funcionario a la niña, a lo que ella respondió con voz baja:
"No".
Una nueva vida
Elsa
recuerda que tras el operativo, la niña, quien ya tenía 11 años, estaba
"espantada" porque había visto a funcionarios armados.
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La niña recibió el apoyo de los servicios sociales de México (Foto genérica de una niña).
Una vez dentro del vehículo de la fiscalía, trató de calmarla.
"Usted ha venido a la tienda", le dijo la pequeña.
"Sí, soy yo y quiero que salgas de ahí".
Elsa
me cuenta que ese operativo ocurrió en 2007 y que gracias a la
investigación de la fiscalía y a las confesiones tanto de la madre como
del hombre, el caso fue abordado por las autoridades como uno de trata.
Eso permitió que ambos fuesen procesados judicialmente.
La niña fue llevada a uno de los refugios para menores de edad y mujeres que la organización que dirige Elsa tiene en Chiapas.
"Cuando
cumplió la mayoría de edad salió del refugio y empezó una nueva vida en
otra parte del país con el apoyo de otra institución", me cuenta Elsa.
6 casos
Elsa Simón tiene 63 años y nació en Chiapas. Siempre ha vivido allí y desde allí me habla.
El
caso que me relató es excepcional en su región y en el país, no sólo
por la gran diferencia de edad entre la niña y el hombre sino por la
entrega de dinero a cambio de la menor.
"En 21 años, he
atendido seis casos en los que las madres han recibido dinero de hombres
mayores por sus hijas (menores de edad) para que se vayan a vivir con
ellos".
Y me aclara: "Eran madres solas (sin pareja)".
En su experiencia, también ha visto otro tipo de situaciones.
"Lamentablemente nuestro estado (Chiapas) está reconocido por los matrimonios forzados o arreglados que algunos padres han promovido".
Muchas de esas uniones ocurren sin una ceremonia civil o religiosa.
Y no suceden sólo en México sino en muchas otras partes de América Latina.
"El término 'matrimonio infantil' se refiere a cualquier unión -formal o informal- que incluye a una niña o un niño menor de 18 años". Fuente:
Girls Not Brides, conglomerado que agrupa a más de 900 organizaciones
de la sociedad civil de más de 95 países que se oponen al matrimonio
infantil.
Como objetos
Jennifer
Haza es la directora de la organización social Melel Xojobal ("Luz
verdadera" en la lengua tsotsil), la cual ha luchado por los derechos de
la infancia en Chiapas durante 20 años.
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Para activistas como Jennifer Haza es clave que los
usos y costumbres de las comunidades indígenas no sean estigmatizados
como contrarios a los derechos humanos. (JORGE UZON/AFP/Getty Images)
Desde San Cristóbal de las Casas, me cuenta que "si
bien no hay datos duros sobre uniones forzadas en Chiapas, sí hay datos
de que 23% de las adolescentes, entre 12 y 19 años, están unidas, lo que
no significa que estén casadas (por la ley)".
De ellas, me dice, 15% ya ha sido madre.
Cuando
le pregunto sobre los casos de menores de edad que son entregadas a
hombres adultos para establecer una relación conyugal, Haza señala que
ha tenido conocimiento de algunos de ellos, pero carece de documentación
para estimar cuántos existen.
"Hace dos años, supimos de una chica de 16 o 17 años que la entregaron en matrimonio a un hombre de treinta y tantos años".
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Uno de los riesgos de las uniones tempranas son los
embarazos precoces o no deseados, advierte Unicef (Foto de archivo de
2004: JUAN BARRETO/AFP/Getty Images)
"Hemos conocido de casos que han salido en Chiapas y Oaxaca", me cuenta. "Sabemos
que esas situaciones se dan y tienen que ver con una cultura
patriarcal, en la que las mujeres son objetos, en la que pasan de la
sociedad del padre a la sociedad del esposo y es algo que se debe atender desde la perspectiva de la prevención de la violencia contra las mujeres".
Pero,
advierte, "no se puede generalizar que todas las situaciones donde hay
dinero o cosas materiales de por medio implican una venta de las
mujeres, independientemente de su edad". Es fundamental, dice, que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no sean estigmatizados como contrarios a los derechos humanos.
8 millones de niñas
Se
calcula que en México hay 8 millones de mujeres (entre 15 y 54 años)
que se unieron conyugalmente antes de los 18 años, señala ONU Mujeres
México.
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Se estima que 8 millones de mujeres en México se unieron conyugalmente antes de los 18 años.
Y en un alto porcentaje de esos matrimonios el hombre es "considerablemente" mayor.
"En México los registros administrativos muestran que del total de niñas y niños de 15 a 17 años que se casaron en 2015, el 81,5% eran niñas
en comparación con solo el 14,9% de los niños", indica el informe de la
Unicef : "Por una región libre de matrimonio infantil y uniones
tempranas", publicado en 2017.
Belén Sanz, representante de ONU
Mujeres en ese país, me dice que esa organización no ha documentado
directamente casos en los que familias reciban dinero por parte del
hombre para que le entreguen a la niña.
"Pero sí hemos podido
observar que existe la práctica de pensar que las niñas tienen menos
derechos y que por lo tanto otorgarla a otra familia o a un hombre va a
beneficiar a la familia (de la niña) y a la niña misma".
Octavo en el mundo
Al
darme una visión global del problema en México, Sanz señala que esa
organización ha podido observar que "las jóvenes hablantes de lenguas
indígenas presentan proporciones muy elevadas de matrimonio infantil".
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Los expertos aseguran que las uniones tempranas en
México no son un problema exclusivo de grupos indígenas (Foto genérica
de una pareja en Ciudad de México).
"En estados con comunidades indígenas como Chiapas,
Guerrero y Veracruz, las mujeres que se casaron antes de los 18 años
llegan a porcentajes superiores al 40%", indica desde Ciudad de México.
Pero las uniones tempranas no son un problema exclusivo de grupos indígenas.
"En México es una práctica muy frecuente y es una clara manifestación de la discriminación de género", señala Sanz.
Se estima que al menos una de cada cinco mujeres en México entra en unión conyugal antes de los 18 años.
En
términos absolutos, las niñas casadas antes de los 18 años en México
"ocupan el octavo lugar en el ranking mundial", señala Unicef.
Brasil está de cuarto.
La Asociación de Mujeres Juezas exige paridad en los organismos que afronten cambios legislativos
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha exigido este lunes una composición paritaria para todos los organismos implicados en los cambios legislativos y que se forme en "la perspectiva de género" a magistrados, fiscales, policías, abogados y forenses. En un comunicado difundido desde Canarias, la AMJE valora el debate que se han abierto a raíz de la sentencia de La Manada, para exigir que se haga una "reflexión serena y profunda". "Una actuación de los poderes públicos que pretenda simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente formal y aparente no hace sino profundizar en la brecha que ya existe. La desigualdad y discriminación de la mujer no es una anécdota que requiera de meras correcciones, es sistémica, general y estructural", advierte. Como prueba de ello, recuerda que el órgano al que el Ministerio de Justicia ha encargado estudiar cómo están regulados en el Código Penal los delitos contra la libertad sexual, la Comisión General de Codificación, está conformado en la actualidad solo por hombres, aunque tras la polémica generada, el presidente de la sección penal, Esteban Mestre, pidió permiso al ministro de Justicia para incorporar a mujeres juristas y expertas en esta materia. La AJME califica de "corrección anecdótica" que, en vista de esa composición 100 % masculina, se haya "invitado a colaborar" en esa tarea a seis mujeres expertas en esta materia. "Carece de legitimidad" "Las mujeres no somos invitadas de la historia, sino protagonistas de la misma y es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad", sostiene. A su juicio, no es posible encomendar ninguna tarea a un organismo público de esa composición "hasta que no se produzcan cambios fundamentales en su organización y estructura que incluyan la presencia igualitaria de hombres y mujeres en todos su órganos de forma permanente", sin que quepa sortear ese problema con "operaciones de mero maquillaje" o invitando "a quien tiene derecho a estar allí por méritos propios". Las juezas españolas exigen abordar "desde la raíz" este tipo de problemas y establecer "la perspectiva de género como principio básico" de su actividad, que deberá estar presente en "toda" su trayectoria profesional "mediante una formación obligatoria, continua y desde una orientación transversal y multidisciplinar". Por ello, exigen una "composición paritaria de todos los organismos e instituciones y, especialmente, aquellos que tienen que ver con las reformas legislativas en nuestro país, de acuerdo con la obligación prevista en los artículos 54 y 16 de la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres". También demandan que reciban "formación con perspectiva de género transversal y multidisciplinar" de manera "obligatoria y continua los miembros de las "fuerzas y cuerpos de seguridad, la judicatura, la fiscalía, la abogacía y la medicina forense" , en particular "aquellas personas que se relacionan con delitos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual". Y además, reclaman que se cumpla el Estatuto de la Víctima, "evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad". La Asociación de Mujeres Juezas de España está presidida en la actualidad por Gloria Poyatos, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que ha acordado castigar a los autores del llamado caso de La Manada por abuso sexual y no por violación, supone que los magistrados consideran que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. Esa es, fundamentalmente, la diferencia entre los abusos y las agresiones sexuales según el Código Penal.
El hecho, en ambos delitos, es el mismo: atentar contra la libertad sexual de una persona. Si hay violencia o intimidación es agresión -penada en su tipo básico con uno a cinco años de cárcel-; si se considera que no los hay, abusos -castigada con prisión de uno a tres-. Cada uno de estos tipos básicos, además, tiene distintas posibilidades. Y ambos recogen como subtipo agravado que se haya producido penetración (vaginal, anal o bucal, o a través de objetos).
La sentencia de La Manada señala que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la violencia exige una agresión física con fuerza para doblegar la voluntad de la denunciante, lo que consideran que no ha quedado acreditado. En cuanto a la intimidación, como construcción jurídica y jurisprudencial, señalan que se define como "constreñimiento psicológico, consistente en la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual".
"En las concretas circunstancias del caso, no apreciamos que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual", señala la sentencia. "Por el contrario, estimamos que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente apreciable, que les generó una posición privilegiada sobre ella, aprovechando la superioridad así generada, para abusar sexualmente de la denunciante quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación".
Los magistrados no consideran que haya violencia ni intimidación, pero sí un consentimiento viciado. Por eso los condenados han sido penados según lo que dispone el artículo 181.3 del Código Penal, que castiga los abusos sexuales cuando el consentimiento se haya obtenido “prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima”. Como, además, los hechos delictivos incluyen múltiples penetraciones, la pena a imponer según la ley era de cuatro a 10 años. Los magistrados han impuesto nueve.
El tipo básico de agresión sexual, regulada en el artículo 178 y siguientes del código penal, exige que el atentado contra la libertad sexual se haya producido con violencia o intimidación. La violación, propiamente dicha -denominada así en el código-, se produce cuando los hechos "consisten en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías". En este caso la pena es de 6 a 12 años y puede llegar hasta los 15 si concurren determinadas circunstancias agravantes.
La cuestión clave para analizar la sentencia de La Manada es la diferencia entre intimidación y abuso de superioridad manifiesta. La diferencia entre ambas no siempre es clara, y hay algunas situaciones que, según los juristas, pueden ser fronterizas. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra.
Unas estaban ya convocadas. Otras se han ido conformando a lo largo de la jornada. Miles de personas han salido este jueves a las calles y plazas de las principales ciudades de España para protestar contra la sentencia a los cinco miembros de La Manadaque considera que hubo abuso pero no violación.
EnBarcelona, 6.000 personas se concentraban a la misma hora en la plaza de Sant Jaume también contra de la sentencia. "¡Diga lo que diga no es un abuso, es una violación en grupo!", decía el cartel de la convocatoria. La alcaldesa Ada Colau, que también se ha sumado a las protestas, había tuiteado poco antes: "Hermana, #josiqueetcrec (yo si te creo), y me indigna que tras la violencia de una violación múltiple tengas que sufrir la violencia de una #justiciapatriarcal. No estás sola, hoy seremos miles tomando las calles y uniendo nuestra voz a tuya". Los manifestantes se han hecho sentir con gritos de 'No es no' ante el Ayuntamiento de Barcelona, que lucía un lazo de color morado en su fachada.En Madrid, 10.000 personas según estimaciones de la Policía Nacional (cifra que las convocantes elevaban a 50.000) se han congregado ante el Ministerio de Justicia. "Nos parece indignante que violar en España te cueste nueve años", ha señalado Carlota Álvarez, del Movimiento Feminista de Madrid, convocante de la protesta. Los concentrados han gritado con las manos en alto y entre aplausos: "Sola y borracha, quiero llegar a mi casa". Aurora Adalid, de 36 años, vino con su hija de cinco meses a manifestarse. Se siente indefensa y vulnerable, y protesta porque su niña no viva miedo: "No sé qué consideran violencia". "La mujer parece que no puede salir de fiesta porque si no parece que le da al hombre derecho a violarla", añade Rocío Bedmar, de 61 años, que sostiene la pancarta que encabeza la marcha y en la que se lee en letras negras y rojas: "Nosotras somos La Manada. No es abuso, es violación".
En Sevilla, varios centenares de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento, en la céntrica Plaza Nueva, convocados por el colectivo 'Alerta Feminista'. Los asistentes portaban pancartas en las que se podía leer 'Yo sí te creo', en alusión a la joven madrileña, y 'Ni olvido ni perdón para la Manada', en referencia a los cinco jóvenes condenados, todos ellos nacidos en la capital andaluza. En la concentración se han coreado lemas como 'Vosotros, machistas, sois los terroristas' y 'No es un abuso. Es una violación'.
En Valencia, también eran centenares de personas las que protestaban ante las puertas del Ayuntamiento de Valencia. Elisa David, funcionaria de prisiones, se ha acercado con su hijo pequeño a la convocatoria. “Estoy aquí porque me ha generado mucha repulsa la sentencia. Doy clases en la cárcel y veo continuamente penas enormes para gente que apenas ha hecho nada. Esta, a cuatro consentidos, me parece irrisoria”, ha señalado.
En Bilbao, miles de personas han colapsado el centro de la ciudad, entre la plaza Circular y el Ayuntamiento, unos 500 metros de calle con los juzgados en el centro, para denunciar el fallo judicial, que han calificado de "indignante". Las concentraciones han sido convocadas por movimientos feministas, pero mucha gente ha acudido de manera espontánea para protestar por lo que consideran una agresión a todas las mujeres. Los congregados han coreado eslóganes en los que se advierte que el caso "no es abuso, es violación" y han arremetido contra "los jueces" que "también son cómplices". "No estás sola, te queremos", han asegurado, a la vez que se han preguntado "dónde está la Justicia". En San Sebastián también se han concentrado centenares de ciudadanos contra lo que consideran una "Justicia patriarcal".
Queda desconvocada oficialmente por @FeminismosMad la concentración. Ahora miles de personas avanzan hacia Gran Vía en apoyo de la víctima de #LaManada y en repudio de la condena por "abuso continuado" a los agresores http://cort.as/-4PnY
En Granada, centenares de personas se han reunido en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La convocatoria era a las ocho aunque la llegada de personas a Plaza Nueva se ha mantenido constante hasta mucho rato después. Sobre las 20.30 horas, la concentración se ha convertido en improvisada manifestación hasta la Fuente de las Batallas, en el centro de la ciudad. "Aquí estamos, nosotras no violamos", "no es abuso, es violación" y "la calle es mía, de noche y de día" han sido algunas de las consignas.
Las calles del recinto de La Feria de la Primavera de El Puerto de Santa María, Cádiz, han mudado de las tradicionales calesas y caballistas para ser ocupada por la manifestación con la que decenas de mujeres han clamado contra la sentencia por el caso de La Manada. Buena parte de los convocados portaban los abanicos que el Ayuntamiento ha repartido este año con el lema 'No es no', para prevenir situaciones de abuso. La de El Puerto ha sido una de las seis concentraciones que se han convocado en ciudades de la provincia como Jerez, Sanlúcar, San Fernando o la propia capital. En Cádiz, más de 500 personas han clamado contra la decisión judicial en una concentración en la plaza del Palillero que ha ido creciendo en número, conforme avanzaba por las calles del centro, hasta alcanzar la plaza de San Antonio. "No es abuso, es violación" o "con la sentencia de La Manada me siento violada" son algunas de las consignas que se han gritado en marchas en las que, en el caso de Jerez, El Puerto o Cádiz, han contado con representación de concejales de sus respectivos ayuntamientos.
Miles de personas han mostrado su indignación en las calles de siete localidades gallegas contra la "infame" sentencia de La Manada. "Es un escándalo que un juez planteara su absolución. La han juzgado a ella más duramente que a ellos. Así nadie se animará a denunciar", afirmaban Eugenia y Susana, estudiantes de 18 años en A Coruña. Junto a ellas, Rosalía, profesora de 67 años, decía no tener palabras: "Este caso es un paradigma y si no se resuelve correctamente, ya sabemos lo que nos espera".
En Palma, alrededor de mil personas se han congregado en la plaza del Ayuntamiento con cacerolas, pancartas y portando prendas de color morado. “No es abuso, es violación” y “No a la justicia patriarcal” han sido las proclamas más escuchadas. Muchas jóvenes se han concentrado convocadas por el movimiento feminista de Mallorca. Desde el Lobby de Dones, su portavoz Esperanza Bosch, ha calificado de indignante el voto particular de uno de los miembros de la sala que abogaba por a absolución. Ha pedido más formación para los jueces porque el hecho de no tenerla “provocará que siga habiendo sentencias que digan que una mujer ha sido violada porque iba en minifalda o porque no dijo que no de una manera clara o porque no quedó claro que se defendió”.
Una de las sentencias más esperadas, la de la presunta “violación múltiple”—como calificó los hechos el juez instructor— de una joven en los Sanfermines de 2016, se resolvió este jueves, cinco meses después del juicio: nueve años de cárcel por abuso sexual continuado para los cinco amigos deLa Manada. Según los hechos probadosen lasentencia, los procesados “tiraron de ella” para meterla en un portal donde la penetraron hasta seis veces “sin su aquiescencia”. Pero el tribunal no entiende que haya violencia ni intimidación, por lo que no lo considera violación. Tras conocerse el fallo, colectivos de mujeres convocaron protestas en toda España y representantes de todos los partidos políticos se manifestaron en contra de la decisión judicia
José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza, con edades comprendidas entre los 24 y 27 años cuando ocurrieron los hechos y tres de ellos con antecedentes penales, se libraron este jueves de ser condenados por violación. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra les impuso una pena de nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado, de acuerdo con el artículo 181.3 del Código Penal, en subtipo agravado. Los procesados llevan en prisión desde el 9 de julio de 2016, dos días después de que se produjeran los hechos juzgados.
Pese a que, como recoge la sentencia, el caso tiene “la peculiaridad de que existe un medio documental [vídeos y fotos] tomadas durante el desarrollo de los hechos”, el tribunal se ha mantenido dividido casi hasta el último momento. El dictamen, que no se corresponde ni con la solicitud de condena a 22 años por agresión sexual solicitada por la Fiscalía ni con la absolución que pedían las defensas, no ha dejado indiferente a casi nadie.
La sentencia de La Manada no deja lugar a dudas. “Las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante, que se vio sometida”, señalan los jueces, que consideran que “las relaciones se tuvieron en un contexto subjetivo y objetivo de superioridad, configurado voluntariamente por los procesados, del que se prevalieron”. “Es inocultable que la denunciante se encontró de pronto en un lugar angosto y recóndito, rodeada por cinco varones de edades muy superiores y fuerte complexión que la dejaron impresionada y sin capacidad de reacción”, afirman. Y añaden que los “vídeos (sesgados) muestran a la denunciante acorralada y agazapada contra la pared por dos de los procesados y gritando”. “La denunciante muestra un rictus ausente, mantiene todo el tiempo los ojos cerrados, no realiza ningún gesto ni toma iniciativa respecto de los actos sexuales ni interacciona con los procesados; apreciamos que los soporta en un estado que nos sugiere ausencia y embotamiento de sus facultades superiores”, siguen relatando los magistrados, quienes advierten que, en contraposición con la víctima, los procesados “muestran bien a las claras actitudes de ostentación y alarde con relación a la situación, que subrayan mediante sonrisas”. “El vídeo muestra de modo palmario que la denunciante está sometida a la voluntad de los procesados, quienes la utilizan como mero objeto para satisfacer sus instintos sexuales”, concluye el tribunal.
LA VÍCTIMA: "SOLO VEÍA TATUAJES"
¿Sabía que la grababan? “Lo único que le puedo decir es que estaba en estado de shock, entonces me sometí y cualquier cosa que me dijeran iba a hacerla. Ni pensé ni pude decidir en ese momento”.
¿Qué hizo para que ellos supieran que no consentía? “No hablé, no, no grité, no hice nada, entonces... que yo cerrara los ojos y no hiciera nada lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no”.
Otras frases. “El chico con el que yo había estado andando todo el rato me empezó a coger del hombro y me empecé a sentir incómoda”; “Sentía miedo cuando ya me vi rodeada por los cuatro”. “Lo único que quería era que pasará y cerre los ojos y, si en algún momento los abrí, solo veía tatuajes”.
En todo momento, a lo largo de la sentencia, los jueces avalan la versión de la víctima y entienden que la chica no denunció “por despecho” ni por haber sido grabada o fotografiada, como defendieron los abogados de los acusados, sino de manera espontánea y presa del miedo. Y asumen que su relato es coherente desde el principio. “La consideramos creíble y corroborada con todos los datos objetivos”.
Toda esa base argumental no es suficiente, según los jueces, para condenar a los acusados por agresión sexual, ya que consideran que no existió ni violencia ni intimidación (requisitos que impone el Código Penal a este delito), lo que desató ayer un debate jurídico y social sobre qué es necesario para que un abuso sexual sea considerado violación o para que exista una intimidación “suficiente”.
Sin intimidación
El tribunal explica que para que haya intimidación tiene que haber “amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual” y entienden que esa circunstancia no se dio. En cambio, sí considera que hubo abuso con “prevalimiento” porque existió una situación de “preeminencia sobre la denunciante” que generó a los cinco amigos “una posición privilegiada sobre ella”.
Los jueces consideran probado que “la apremiaron a entrar en el portal tirando de ella, y que de esa guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino, sin violencia”. El tribunal recalca que la propia víctima, a lo largo de su declaración en el juicio, insistió en que no fue violentada físicamente: “No estoy diciendo que ni fuerte ni nada”, dice en relación al momento de entrada en el portal. “No fue con mucha fuerza como para dejar marca”, insiste. “En su amplia declaración ante el plenario, la denunciante redujo su apreciación sobre el nivel de la presión que ejercieron los procesados para introducirla en el portal y hacerla llegar al cubículo” donde se produjeron los hechos, recoge la sentencia.
La resolución ha indignado a los muchos colectivos feministas que en los dos años que ha durado el procedimiento judicial han convertido el juicio de La Manada en un símbolo de la lucha por las mujeres víctimas de violación. Este jueves se han celebrado ya protestas en varias ciudades. La sentencia tampoco ha dejado conforme a las acusaciones particulares, representadas por las principales administraciones navarras (Ayuntamiento de Pamplona y comunidad foral), que llegaron a solicitar 25 años para cada uno de los encausados y que llevan mucho tiempo luchando por liberar del estigma de los abusos sexuales a la fiesta de los Sanfermines, una de las más internacionales de España.
La presión social entorno al caso ha sido casi un actor en todo este proceso judicial. Y el hecho de que el juicio, con más de 60 testigos y celebrado en las dos últimas semanas del pasado mes de noviembre, se produjera a puerta cerrada ha acrecentado la expectación y la rumorología.
Hasta el último momento el tribunal ha estado dividido y uno de los tres miembros del tribunal, el magistrado Ricardo González, ha emitido un voto particular discrepante en el que pide la absolución de los cinco acusados al entender que la joven accedió a mantener relaciones sexuales con los acusados.
Los condenados han sido también inhabilitados para el sufragio pasivo durante el tiempo que dura la pena. La Audiencia les impone además cinco años de libertad vigilada a cada uno de ellos y el pago de "una indemnización conjunta y solidaria" para la víctima de 50.000 euros y 1.531 al Servicio Navarro de Salud. La sentencia de la Audiencia de Navarra es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad y, previsiblemente, será el Supremo el que tenga la última palabra.